TRÁFICO DE EMPLEO PÚBLICO

Cuando el trabajo constituye hoy el bien más preciado por los españoles, debido a la gran tasa de paro que asola el país y que supone un drama para muchas miles de familias. Aunque la Constitución dice que todos tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo; y que a la función pública se ha de acceder en condiciones de igualdad, debiendo primar a este respecto sólo el mérito y la capacidad. Siendo las Administraciones Públicas patrimonio común de todos los ciudadanos.

A pesar de que los gobernantes tienen la obligación ineludible de cumplir escrupulosamente la Ley en su actuación, no debiendo favorecer a nadie en perjuicio de nadie, ya que supuestamente nos representan a todos. Pues bien, no obstante todo lo cual, estamos asistiendo de forma peligrosa, cada vez más intensamente, a un fenómeno absolutamente injustificable: el tráfico o negocio ilícito de empleo público. En efecto, cada vez es mayor el número de puestos de trabajo existentes en las diferentes Administraciones Públicas, muchos de ellos totalmente innecesarios, pero muy bien remunerados, a costa, naturalmente, del bolsillo de los contribuyentes. Bastantes de tales puestos de trabajo son creados artificiosamente por los gobernantes, de diferente color, para colocar a personas afines al partido de que se trate. De tal manera que para acceder a dichos puestos de trabajo, algunos fijos y otros de personal eventual o de confianza, que se crean en Ayuntamientos, empresas públicas, etc., no es preciso por supuesto superar un proceso selectivo, ni acreditar capacidad profesional ni mérito alguno, ni aún necesidad económica; basta con militar políticamente, jurar fidelidad al que manda en cada caso y prestarle determinados y muchas veces inconfesables servicios. Y lo que es todavía peor: como hemos sabido recientemente, -véase caso Emucesa-, algunos de estos privilegiados ni siquiera desempeñan el puesto de trabajo público que les ha sido regalado por el colega político; así, los contribuyentes les pagan una nómina y ellos trabajan para el partido. Es el colmo, vaya. Esto que les estoy contando es radicalmente cierto, por muy exagerado que parezca. Pero es que el descaro y la falta de responsabilidad en el manejo de fondos y recursos públicos están alcanzando cotas insospechadas hace sólo unos años.

Algunos dirigentes políticos gobiernan una institución como si administraran su propia empresa. Las consecuencias de este delictivo proceder son muy graves: el empleo público se dispara, con el consiguiente despilfarro económico; los funcionarios de carrera son marginados en su tarea, y la función pública se resiente en su eficacia e independencia; la actividad administrativa se pliega a los intereses partidistas, en claro perjuicio de la legalidad y del interés general; se produce un claro supuesto de financiación ilegal de partidos políticos; y, en fin, la ciudadanía pierde la confianza en las instituciones democráticas, que ve como cotos privados de las distintas formaciones políticas. ¿Qué se puede hacer ante tan injusto panorama?. Por lo pronto, tomar conciencia del mismo. A continuación, denunciarlo; de distinta manera, como cada uno pueda. Es lo que hago hoy.