LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA, PARA GRANADA
Según lo dispuesto en nuestro Estatuto de Autonomía (artículo 4.2), la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial andaluza, tiene su sede en Granada. Con lo cual, nuestra ciudad se constituye oficialmente en la capital judicial de Andalucía.
Por otra parte, el Ministerio de Justicia implantará próximamente la segunda instancia penal. Para ello, pondrá en funcionamiento, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dos Salas de lo Penal, para resolver los recursos de apelación contra las sentencias penales de las Audiencias Provinciales andaluzas.
Lo lógico será que, siendo Granada la capital judicial de Andalucía, se ubiquen en Granada estas dos nuevas Salas de Justicia. Por cierto, lo mismo que el Tribunal Supremo tiene todas sus Salas en Madrid. De esta manera, la capital se vería beneficiada, en todos los aspectos, por una infraestructura administrativa, con el personal correspondiente, y lo que ello conlleva.
Pero he aquí que desde Sevilla y Málaga ya han reivindicado para sí estas Salas.
Es por ello que los granadinos no podemos perder ni un minuto en exigir, de forma seria y decidida, no sólo que las susodichas Salas de Justicia se ubiquen en Granada, sino que, ya puestos, también se establezca en Granada la sede de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Es de justicia (nunca mejor dicho); y existen sobradas razones para tal petición. En primer lugar, porque la descentralización de la Administración autonómica no sólo es algo posible legalmente (el Estatuto también lo prevé en su artículo 4.3) sino, a estas alturas, conveniente políticamente.
Por otra parte, nada más razonable que la Consejería de Justicia esté radicada en nuestra ciudad, dada la gran tradición y categoría que tiene Granada en la organización judicial española, a la cabeza de la cual creó la reina Isabel, hace más de 5 siglos, la Real Chancillería.
En el caso de las nuevas Salas, el Consejo Consultivo de Andalucía o la Fiscalía Superior de Andalucía, instituciones ambas radicadas también en Granada, ya se han pronunciado en este sentido, a través de sus respectivos titulares. También han mostrado su apoyo la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y los propios jueces, a través de su Decano. El Colegio de Abogados de Granada viene pidiendo desde hace años la sede de la Consejería de Justicia.
Pero los políticos granadinos que nos representan tanto en el Parlamento Andaluz como en las Cortes y que están obligados a defender nuestros intereses y los de Granada, no están por la labor. En efecto, no me consta que ningún partido haya formalizado propuesta alguna en este sentido; o, quizás, haya sido tan endeble y poco creíble que la misma, de haberse producido en algún momento, ha tenido escasísima repercusión. Lo cual no es más que una consecuencia de la falta de independencia, autonomía y criterio de los cargos públicos granadinos en general, que deben su puesto a otras lealtades que no son precisamente las de la vecindad que representan.
