REFORMAS PÚBLICAS Y CADENAS
Cuando la última y más profunda crisis económica hizo sonar todas las alarmas, y el clamor social contra las medidas de austeridad y los recortes del gobierno puso en peligro las estructuras políticas del país, nuestros gobernantes, con el Sr. Presidente del Gobierno al frente, se vieron obligados a anunciar múltiples reformas del sistema político y económico, a fin de adelgazar el Estado y el desmesurado sector público, y poner coto, de paso, a las prebendas y privilegios de los políticos, que tanto contrastaban con las penurias de la clase trabajadora.
Preocupados e inquietos nuestros próceres por la dramática situación social, anunciaron entonces a la ciudadanía, a bombo y platillo, como inmediatas medidas de contención del gasto público, entre otras, que se eliminarían empresas públicas inactivas; que desaparecerían las Diputaciones Provinciales y el Senado, dada su inutilidad funcional; que se reduciría el desproporcionado número de Ayuntamientos; y que se reformaría el régimen fiscal. A otro nivel, nos anunciaron también la reforma del injustificado sistema electoral vigente, con el objetivo de que fuera más representativo, mediante listas abiertas y limitación de mandatos. Nos dijeron también que iban a modificar la Ley de Partidos, para hacerlos más democráticos en su organización y su funcionamiento, imponiendo la obligatoriedad de las primarias.
Pero una vez que la crisis se va superando y consiguientemente va cediendo la presión popular, nuestros gobernantes ya no se ven compelidos a hablar de tales reformas, ninguna de las cuales se ha llevado a cabo, por cierto. Ya ni se habla de ellas en ningún debate o foro públicos. Y es lógico, pues dichas reformas erosionarían su interés particular, el de los políticos en general, que pasa, precisamente, por mantener el actual status político, en el que unos y otros suelen alternar sus variables cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos.
La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de las inútiles instituciones y chiringuitos públicos de los que se beneficia. ¡Y hasta ahí podíamos llegar ¡. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos ( o sea, la subida de impuestos) en vez de las primeras (las reformas), con la esperanza de que pase la tormenta y, al final, no haya que cambiar nada esencial.
Por cierto que la única reforma llevada a término por iniciativa propia del gobierno, ha sido la reforma laboral. Y ello, porque el abaratamiento del mercado de trabajo es la única reforma que no afecta a sus intereses particulares, ya que lo más probable es que casi ninguno de los miles de políticos en activo que pululan por este país se vea precisado nunca de acceder a un puesto de trabajo.
Conviene recordar en este momento que hace sólo dos siglos, en 1814, Fernando VII, conocido popularmente como “El Deseado”, derogó por Decreto la Constitución de Cádiz y restauró el absolutismo, persiguiendo a muerte a los liberales. Cegó así la posibilidad de modernización de España y nos sumió en la más absoluta ruina. Mientras tanto, el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”!. Pues eso: dos siglos después todavía quedan algunas “caenas” en nuestro país.
