LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las Administraciones Públicas, o sea, la Administración del Estado, la Administración de Justicia, la Junta de Andalucía o los Ayuntamientos, son el instrumento del que disponen los gobiernos (central, autonómico y local), para gestionar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, debiendo facilitarles la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial.
En el ejercicio de su función, las Administraciones Públicas dictan actos administrativos, o sea, Resoluciones o Decretos ( sobre concesión de licencias, multas, contratación de servicios, etc.), que inciden directamente en la vida de los ciudadanos. El artículo 103 de la Constitución Española define los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, cuales son la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración, la coordinación y el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
De todas formas, frente a la actuación de las Administraciones Públicas, la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos, tanto de carácter preventivo, caso del procedimiento administrativo, revestido de una serie de garantías, como reactivo, entre los que destacan los recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales.
Es evidente que las Administraciones Públicas, lejos de constituir un obstáculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, han de estar al servicio de unos y otras.
Sin embargo, la realidad cotidiana es muy distinta, y la verdad es que las diferentes Administraciones Públicas aparecen todavía hoy, en el día a día, ante muchos ciudadanos, como grandes entes, abstractos y poderosos, que los gobernantes utilizan para controlar a los gobernados, dirigirlos, esquilmarlos fiscalmente e imponerles su tiranía. La torpe dirección de políticos inexpertos o desalmados, la ineficaz gestión cotidiana de un funcionariado escasamente motivado y poco concienciado de que trabaja para el contribuyente, sin el cual su función no tendría razón de ser, el miedo atávico de los españoles al poder establecido, o la escasa cultura democrática, son sólo cuatro razones que pueden explicar esta negativa percepción del sentido y el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
Es tremendo que muchos ciudadanos, para la resolución de cualquier problema acudan, con prevención y hasta con miedo, a una oficina pública que pagan con sus impuestos y que debe estar a su servicio. Todavía hay gente que prefiere ir al hospital a operarse antes que a un juzgado a declarar. Pero también he sido testigo directo de algún caso en que un funcionario desaprensivo e inepto ha vociferado a un vecino que acudió al Ayuntamiento simple y correctamente a solicitar una prestación social.
Es hora ya de que la ciudadanía española no sienta a la Administración Pública como el brazo armado del poder político, como algo extraño o peligroso, sino como el instrumento que el sistema democrático ha creado para gestionar los asuntos públicos, preservar los intereses legítimos y derechos de la persona y ayudar a la sociedad en su desarrollo creativo y económico. El ciudadano no ha de temer a la Administración, sino que ha de sentirse parte de esa Administración que, -insisto-, es suya y está a su servicio.
