LA TRANSPARENCIA DE NUESTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS
La democracia se sustenta, entre otras cosas, en la credibilidad y autoridad de las instituciones públicas (Corona, Parlamentos, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc.).
A su vez, la credibilidad de las instituciones depende en gran medida de lo transparentes que sean las mismas en el ejercicio de la gestión de los asuntos públicos que les están encomendados.
Resulta que recientemente ha entrado en vigor una Ley aprobada en diciembre del año 2013, denominada de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ley que, entre otras cuestiones, reconoce y pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la información sobre funcionamiento, organización o actividad pública de cualquier Administración del Estado. El Gobierno presentó en su día esta Ley con grandes alharacas, que ahora vuelve a reproducir con motivo de su entrada en vigor.
Pero ¿La vigencia de esta Ley significa que a partir de ahora todo va a ser transparente en la gestión pública y que cualquier ciudadano va a saber, por ejemplo, lo que gasta un dirigente público en publicidad institucional o en dietas, adónde viaja con cargo a fondos públicos, a quien le otorga discrecionalmente subvenciones o qué funciones desarrolla cualquier cargo de confianza contratado a dedo?. Sinceramente, creo que no. Creo que, desgraciadamente, la opacidad y el oscurantismo van a seguir siendo la tónica dominante en nuestras Administraciones Públicas. Por dos razones:
1ª) Porque esta nueva Ley de Transparencia contiene numerosas excepciones al principio general de información (cuestiones que afecten a la seguridad del país, protección de datos personales, etc.)
2ª) Porque con anterioridad a esta Ley ya existían otras en nuestro ordenamiento jurídico que también garantizaban el acceso del ciudadano a la información pública; y las mismas han sido vulneradas cotidianamente.
Es una realidad, por tanto, que nuestros gestores públicos tienden a asegurarse la impunidad absoluta en el desarrollo de su función, ocultando información sobre la misma a los ciudadanos. Quizás por ello las instituciones públicas y los políticos que las dirigen no son creíbles.
