LA JUSTICIA HA HECHO JUSTICIA A FRANCISCO TORRES

En el mes de junio del año 2015, Don Francisco Torres, miembro del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Granada, con acreditada trayectoria y solvencia profesional, solicitó formalmente ante la Alcaldía que se elaborara una auditoría interna sobre el funcionamiento de dicho Tribunal. Lo hizo desde la lealtad y en el cumplimiento de su deber. La Alcaldía pasó el asunto a la Concejalía de Economía y, por toda respuesta, pocos días después el peticionario, Sr. Torres, fue destituido como miembro de dicho Tribunal por el Pleno Municipal. En el mismo acuerdo se nombraron nuevos miembros de dicho Tribunal.

Como es natural, el Sr. Torres, perjudicado gravemente en sus derechos funcionariales por tan injustificado cese, recurrió tal acuerdo en vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

Ahora, un año después, la Justicia ha hecho justicia. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Granada ha dictado sentencia por la que se anula el acuerdo plenario de cese y nuevos nombramientos en el Tribunal Económico Administrativo, al considerarlo contrario a Derecho, por arbitrario, al carecer de justificación y motivación, en el caso del cese, y por falta de convocatoria pública en el caso de los nuevos nombramientos.

El Ayuntamiento de Granada deberá decidir en los próximos días sobre la ejecución de dicha sentencia, que restituirá en su antiguo puesto D. Francisco Torres; lástima que no lo tengan que hacer los gobernantes, hoy en la oposición, que promovieron tal atropello contra Don Francisco Sánchez.

Pero también deberá decidir el nuevo equipo de gobierno municipal si pone en marcha ahora la auditoría interna del Tribunal Económico-Administrativo solicitada oportunamente en su día por el Sr. Torres.

De todas formas, al cabo de un año largo, será difícil restituir plenamente en su honor y dignidad funcionarial a D. Francisco Torres, que durante todo este tiempo, -y doy fe de ello-, ha sufrido un verdadero calvario, desde dentro y desde fuera del Ayuntamiento, ya que no todo el mundo entendió entonces que pidiera una auditoría en el propio Tribunal donde prestaba sus servicios, en vez de adoptar la medida más cómoda para él, que era ponerse de perfil, ante las posibles irregularidades en el funcionamiento de dicho Tribunal.

Por tanto, debe constituir este episodio una verdadera lección moral y un acicate para tantos y tantos funcionarios públicos que son conocedores, por su puesto, de infinidad de perversiones legales en la gestión pública. En primer lugar, debiendo impedirlas si pudieren y, si no, denunciándolas ante la autoridad judicial. Precisamente a esto se refería hace unos días, sin decirlo, Carlos Lesmes, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en el acto de apertura del año judicial, cuando expresó que el acceso a la Justicia no es la única vía para combatir la corrupción.

En fin, debemos felicitarnos por esta sentencia, que ha hecho justicia en el Ayuntamiento de Granada. Y también porque ha reparado parcialmente el honor y la dignidad profesional de un funcionario honorable y digno.