JUICIOS MEDIÁTICOS A LOS POLITICOS
Como es sabido, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que “ toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley, y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Nuestra Constitución no sólo reconoce también, de forma expresa, el derecho a la presunción de inocencia, sino que lo eleva al rango de derecho fundamental, en su artículo 24.
La presunción de inocencia consiste en que para que un Tribunal de justicia condene a alguien, ha de tener plena y absoluta certeza sobre su culpabilidad, tras el necesario juicio.
Por su parte, el derecho al honor, consagrado igualmente en el artículo 18 de la Constitución, implica asimismo el derecho a ser considerado socialmente inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.
Los políticos también han de gozar de estos derechos fundamentales: a la presunción de inocencia y al honor. Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando el imputado por un delito es un político, automáticamente se convierte en un presunto culpable a los ojos del rival y de determinados medios de comunicación.
Es verdad que la corrupción política está a la orden del día y repugna a cualquier persona con sensibilidad democrática. Pero esta perversa circunstancia no puede suponer la conversión de la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad.
Podría poner muchos ejemplos de políticos granadinos que por una simple imputación judicial han sido linchados literalmente en los medios de comunicación por el adversario de turno, resultando inocentes tras el juicio correspondiente. Pero para muestra un botón: se llama José Luis Hernández, y fue Alcalde de Guadix y Consejero Delegado de VISOGSA, la empresa de vivienda de la Diputación. Desde enfrente se le tildó de acosador laboral y de administrador manirroto. Pues bien, los sucesivos juicios a los que se vió abocado, han terminado todos ellos con sentencias absolutorias. ¿Quién repara ahora su honor?. Por cierto, los políticos que lo vilipendiaron injustificadamente siguen todos ellos en sus cargos.
Por todo ello, pienso que en el ámbito de la responsabilidad penal, convendría poner límites a esos juicios políticos y mediáticos, siempre interesados y nada ingenuos, que tanto están proliferando y que en la mayoría de los casos desembocan en verdaderos apaleamientos sociales del honor del implicado, sin concederle muchas veces el derecho a defenderse.
En este sentido, apelo a la Constitución, a esa Constitución tan malversada siempre por unos y otros, según les interesa en cada circunstancia. Pero este es ya otro asunto.
