SOBRE EL ACTIVISMO POLÍTICO DE LOS CIUDADANOS
La ciudadanía se ha resignado de tal manera a la farsa de esta democracia que nos asola, que a la mitad de la población le da igual si mandan las derechas o las izquierdas, o acaso los medio pensionistas. En las últimas elecciones locales, más del 40% de los electores granadinos, o sea, 4 de cada 10, no fueron a votar, pasaron de la política y de los políticos, seguramente decepcionados por la falta de seriedad, responsabilidad y competencia de la práctica generalidad de aquellos que se postulan para representarnos y defender nuestros derechos en las múltiples instituciones públicas. Craso error en todo caso, pero eso es lo que hay.
Aunque, la verdad sea dicha, no es para menos. Porque como consecuencia directa de la falta de democracia interna en la organización y funcionamiento de los partidos políticos (aunque en unos se nota más que en otros), y del hecho cierto de la patrimonialización de las formaciones políticas por parte de unas cuantas personas, que extrañamente se atribuyen su propiedad de forma indefinida, y por cierto sin haber pagado un euro por ellos, resulta que accede a las listas electorales y subsiguientemente a las poltronas del poder público toda una clase de políticos que no se distinguen precisamente por su mérito o capacidad, sino por su indigno servilismo ante el que manda en cada momento y su especial habilidad para la intriga y el medro.
Lógicamente, cuando todas estas personas se convierten en autoridades, ponemos en sus manos no sólo la representación oficial de nuestras ciudades y pueblos, sino la gestión económica de nuestros impuestos y la garantía de nuestros derechos cívicos y libertades. Y entonces sucede la catástrofe: como muchas de estas autoridades impuestas no están preparadas, fracasan en la gestión; y de ahí al esperpento y el ridículo sólo hay un paso.
Las causas del fracaso en la gestión política son evidentes: unas veces porque no dominan la materia y se echan en manos de asesores de la nada, nombrados a dedo y también incompetentes; en otras ocasiones porque se ven manipulados por operadores y agentes externos a la función pública que persiguen exclusivamente su propio beneficio y lucro económico; y, por último, porque están obligados a atender, con carácter prioritario, al interés político de su partido, que los ha puesto ahí, considerado por ellos, siempre y en toda circunstancia, por encima del interés general de la población a la que dicen representar.
Soy consciente de que esto que digo es muy grave. Pero es cierto, por público y notorio.
La pregunta es: ¿ Debemos resignarnos los ciudadanos a tan lamentable estado de cosas?. Decididamente no, porque la calidad de nuestra democracia, el buen uso de nuestros dineros, el prestigio y eficacia de nuestras instituciones y la defensa de nuestras libertades públicas nos exigen un activismo político decidido y firme contra la inoperancia y apatía de la función política actual. Yo, por lo menos, en tanto que fiel contribuyente a la Hacienda Pública, no estoy dispuesto a callar frente a los que prostituyen su labor política y perjudican los intereses de la ciudad, ni frente a los que torpemente despilfarran el dinero público, ni por supuesto frente a los que menoscaban injustamente mis derechos como ciudadano. Esta tribuna que generosamente me brinda Onda Cero será testigo de este compromiso.
