VIOLACIÓN SISTEMATICA DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA
(Estamos hartos ya de que se invoque continuamente y en falso la Constitución Española. Precisamente por los gobernantes que han de respetarla. Es una farsa democrática)
En estos días, y desde hace tiempo, no se habla de otra cosa que de la posible y futura independencia de Cataluña respecto del Estado español. Los responsables de la Generalitat Catalana están decididos a que tal independencia sea una realidad a medio plazo y se han marcado una “hoja de ruta” para ello, que están siguiendo a rajatabla. Al parecer, hay una importante masa social que apoyaría la ruptura con España. El último e importante paso en este sentido lo constituye la formulación de la pregunta a responder por los catalanes en el referéndum convocado para el día 9 de noviembre de 2014.
Frente a tan decidida postura catalanista, el Gobierno español y el PSOE, principal partido de la oposición, han respondido al unísono que el proyecto político secesionista no se puede llevar a cabo porque va contra la Constitución Española. Esta es, pues, la principal oposición: que el referéndum popular catalán vulneraría la Constitución Española.
Creo que se pueden argüir muchas razones para rechazar el proyecto de independencia catalana: razones de orden histórico, cultural, social y hasta de naturaleza económica. Pero apelar a la Constitución, como única razón en contra, es apelar a la Constitución en vano. Esta postura constitucionalista me parece cínica y oportunista. En primer lugar, porque la Constitución no es sagrada, no es la Biblia o el Corán: la Constitución Española se puede modificar si resulta necesario, como cualquier otra Ley.
En segundo lugar, porque el Gobierno español que pone de escudo a la Constitución frente al proyecto independentista catalán es el mismo Gobierno que viola a diario los preceptos de la Constitución Española de 1978. La práctica cotidiana demuestra la perversión sistemática de estos principios constitucionales. Pongo sólo unos pocos ejemplos. Veamos:
1. La soberanía del pueblo español, proclamada en el artículo 1 de la CE es más simbólica que real, por cuanto el poder económico (léase mercados y sus acólitos, los mandatarios europeos) la están eclipsando, haciéndola paulatinamente menos decisiva en la conformación del Estado.
2. De otro lado, el bipartidismo y una legislación electoral incorrecta atentan palmariamente contra la igualdad y el pluralismo político, proclamados principios fundamentales también en el artículo 1; asfixiando el legítimo derecho de los ciudadanos a la participación política, del artículo 23 CE.
3. La bella expresión de la división e independencia de los poderes públicos del Estado, pilar básico de una democracia, es pura retórica. Los parlamentarios designan, por el sistema de cupo de los partidos, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial quienes, a su vez, designan a los altos jueces del país. Interferencia, por tanto, del poder legislativo en el poder judicial.
4. Siendo el partido político el centro del sistema democrático, ni su organización ni su funcionamiento son, sin embargo, democráticos, a pesar del imperativo constitucional ( art. 6 CE). Es la gran paradoja de nuestra democracia.
5. La obligación de los poderes públicos de hacer efectivo el derecho de todos los españoles a una vivienda digna, proclamado en el artículo 47, es una pura entelequia. Y lo mismo podría decirse del derecho al trabajo, del artículo 35 CE.
Por tanto, es obligado oponerse a la independencia de Cataluña. Pero el Gobierno debe responder al conflicto social con la política, no con la Constitución y las leyes, porque éstas podrían rebelarse contra el propio Gobierno y poner de manifiesto sus incumplimientos y falacias.
